Por ley, este tipo de proyectos debe ser aprobado primero por CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente), que tiene la misión de intermediar entre la empresa ejecutora y la comunidad, recogiendo de ésta las observaciones que se tengan en relación al medio ambiente, todo dentro del marco de lo que se ha llamado Consulta Ciudadana. CONAMA se asesora con un Comité Técnico integrado por 20 organismos públicos, que integran COREMA (Comisión Regional del Medio Ambiente), entre ellos la municipalidad respectiva. Aquí se generan preguntas y respuestas entre CONAMA y la empresa a través de COREMA, hasta que se llega a un veredicto. Este procedimiento afecta a los proyectos de inversión que puedan significar un problema derivado del impacto ambiental. Según un analista de un diario de circulación nacional, esta situación provoca atrasos en la ejecución de los proyectos debido principalmente a que “el proceso de consulta ciudadana es cada año más complejo y difícil de resolver para los inversionistas, ya que ha derivado de ser una instancia técnica a otra en que se presenta una suerte de pliego de peticiones” (Andrés Concha, Ingeniero Comercial y Secretario General de Sofofa, La Tercera, 7 de Julio.)

El proceso en el Cajón del Maipo no ha sido la excepción. CONAMA ha organizado un ciclo de reuniones, en las cuales, en la primera parte, los ejecutivos de ese organismo explican el procedimiento para el Estudio de Impacto Ambiental. Luego expone la empresa su proyecto y finalmente se recoge la opinión de los asistentes. Estos representan a todos los organismos locales, como clubes diversos, consorcios hoteleros y comerciales, comunidades de agua de riego, juntas de vecinos, corporaciones formadas con fines específicos y vecinos en general, todos los cuales tienen derecho a opinar.

Informamos aquí de dos de estas reuniones, la primera en la Escuela El Manzano el 29 de Junio y la segunda, el 6 de Julio, en Los Maitenes. Ambas fueron densas y tensas, particularmente en la de Los Maitenes, a la cual concurrieron los vecinos que tienen propiedades en las cercanías del estero El Manzano, donde se instalarían las partes visibles del proyecto, provocando el rechazo de los afectados por esta invasión de su propiedad privada y la alteración de la forma de vida que vinieron a buscar al Cajón del Maipo. Las diferencias de opinión se suscitan entre la inocuidad que argumenta la empresa, por haber arbitrado todas las medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental, y las aprensiones manifestadas por los residentes del lugar, que además ven amenazada la seguridad de su salud, más un sinnúmero de consideraciones, que van desde la duda por la acumulación de material extraído de los túneles (marina) con todos los efectos de su transporte, la seguridad en el mantenimiento de los sistemas de regadío, hasta la aspiración de que esta actividad genere numerosas fuentes de trabajo. Entre estas situaciones que despiertan inquietud, aparecen también las que manifiestan organismos que hacen usos de los ámbitos naturales que se verían constreñidos por los cambios de utilización de los suelos y los desvíos de las aguas. Especialmente afectada se muestra la Federación de Clubes de Andinistas y los usuarios del río para practicar rafting. No son ajenos al carácter de los reparos expresados en estas reuniones los temores de personas que sienten inseguridad en el mantenimiento de sus animales, la falta de luz eléctrica pública generándose tanta electricidad en ese mismo lugar o el emplazamiento de una cancha de fútbol que ya no tendría el privilegio de estar donde se construyó.

Independientemente de este ciclo legal, se han efectuado numerosas reuniones en diversas localidades, donde los afectados exponen sus puntos de vista, que después son trasladados a las reuniones formales. Una de las últimas de esta reuniones se llevó a cabo en La Cascada de las Animas, y luego otra, el 21 de Julio, en el salón de Laennec, con gran asistencia de autoridades y público. Por otra parte, AES Gener ha programado visitas a la actual Planta Generadora Alfalfal I, para que los interesados puedan percibir los efectos que estas instalaciones podrían provocar en el medio ambiente. A ellas han concurrido residentes, representantes de las actividades productivas y comerciales, organizaciones comunitarias y también representantes de Carabineros, que han manifestado un vivo interés por apreciar el ambiente donde deberán ejercer su control.

Como se advierte en este informe, no podemos conjeturar nada sobre los términos en que concluirá este proceso. La determinación la deberán tomar los organismos competentes, que sin duda deberán poner en juego tanto los intereses particulares como los públicos y nacionales.