El diagnóstico coincide 100% con lo denunciado por la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida (www.derechoalagua.cl), integrada por instituciones de la Iglesia Católica, Agua Potable Rural, campesinos, ambientalistas, sindicatos y pueblos originarios: Hoy, cientos de comunidades rurales, indígenas y urbanas luchan en defensa del agua como bien básico para su subsistencia. La sobreexplotación de los salares, lagos, humedales y ríos por la minería y la energía (donde 3 empresas poseen el 90% de los derechos), la contaminación hídrica de la minería, celulosa, agricultura e industria están afectando áreas de alto valor ecológico y a las economías locales, de manera muchas veces irreversible.
El medio centenar de conflictos por uso de agua muestra con claridad las causas estructurales provocadas por el Código de Aguas de 1981, impuesto sin discusión alguna durante el régimen militar y aplicado sin mayores cambios durante los gobiernos democráticos. Peor aun, refleja que a pesar de la crisis, siguen proliferando proyectos de inversión que intervienen, contaminan y destruyen cuencas, ríos y napas subterráneas en todo el país, agravando los conflictos de disponibilidad, calidad y acceso al agua. El caso de Copiapó es el más evidente, pero la conflictividad se observa entre Tarapacá y el Bio-Bio.
Enfrentar las causas estructurales de los conflictos, en un escenario mas restrictivo de cambios climáticos, nos pone ante el imperativo ético y político de cambiar esta situación de inequidad, degradación e inseguridad hídrica. Países como Ecuador y Uruguay en 2008 y 2006, respectivamente, redefinieron constitucionalmente al agua como bien público, y el acceso universal al agua de calidad fue reconocido como un derecho humano fundamental.
El gobierno de Chile suscribió en marzo pasado, en el V Foro Mundial del Agua, en Estambul, una declaración en que reconoce “al acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano” y se comprometió a “realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de este derecho”.
Esta declaración es totalmente contradictoria con el actual régimen de gestión de las aguas en Chile, bajo el dominio privado y del mercado. La declaración de Estambul requiere una reforma Constitucional que reconozca el derecho humano al agua y oriente una profunda reforma del Código de Aguas. Por ello esperamos el anuncio del gobierno de la presidenta Bachelet sea enviado pronto al Congreso Nacional para iniciar su discusión pública. Ello permitiría iniciar un camino para enfrentar los mayores conflictos por el agua, facilitaría la adaptación al cambio climático y daría coherencia a la imagen que se proyecta internacionalmente.
Como miembro de la citada Coordinadora, estamos empeñados en el reconocimiento del derecho humano al agua y en la urgencia de recuperar el acceso equitativo y la gobernabilidad democrática sobre este bien común.
SARA LARRAÍN
DIRECTORA DEL PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE
COMUNICACIONES@CHILESUSTENTABLE.NET
